La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos escuchará hoy argumentos sobre los esfuerzos del presidente Trump, en los últimos días de su presidencia, para excluir a los inmigrantes no autorizados de los cálculos utilizados para asignar escaños en la Cámara de Representantes.
Si el tribunal dictamina a favor de la administración, anularía el acuerdo de que el censo debe contar a todos los residentes, sea cual sea su estado migratorio, y podría cambiar el poder político de los estados demócratas a los republicanos.
Pero el caso está plagado de complicaciones prácticas. Los funcionarios de la Oficina del Censo han dicho que no pueden producir los datos requeridos hasta después de que Trump deje el cargo en enero. Incluso si lo hacen, no está claro que los funcionarios del Congreso acepten lo que pueden ver como cálculos defectuosos, y el presidente electo Joseph R. Biden Jr. puede intentar revertir el curso una vez que asuma el cargo, lo que provocaría más litigios.
La pregunta central en el caso, quién cuenta para los propósitos de la redistribución del Congreso, es fundamental y en gran parte no se ha probado.
La Constitución requiere que los distritos electorales sean distribuidos “contando el número total de personas en cada estado”, usando información del censo. Con ese fin, una ley federal requiere que el presidente envíe al Congreso una declaración que establezca el número de representantes a los que tiene derecho cada estado después de cada censo decenal. En el pasado, esas declaraciones se basaron en un recuento de todos los residentes.
En julio, Trump emitió un memorando con un nuevo enfoque. «Con el propósito de la redistribución de representantes después del censo de 2020», decía el memorando, «es política de los Estados Unidos excluir de la base de distribución a los extranjeros que no se encuentran en un estado migratorio legal».
