El martes, el Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda contra el estado de Oklahoma por su nueva ley de control de inmigración, HB 4156. Inspirada en la SB4 de Texas, esta ley permite a las autoridades estatales arrestar a inmigrantes indocumentados, lo que, según el DOJ, invade ilegalmente el poder federal para regular la inmigración.
Detalles de la Ley HB 4156
Firmada por el gobernador republicano Kevin Stitt este mes, la ley HB 4156 otorga a los agentes del orden locales y estatales la autoridad para arrestar a inmigrantes sospechosos de estar en el país ilegalmente. Está programada para entrar en vigor el 1 de julio. Esta ley ha generado controversia, similar a leyes anteriores en Texas e Iowa, que también han enfrentado demandas del Departamento de Justicia.
Argumentos del Departamento de Justicia
El DOJ sostiene que la ley de Oklahoma viola la Constitución de Estados Unidos y ha solicitado al tribunal que la declare inválida y prohíba su implementación. Brian M. Boynton, fiscal general adjunto principal y jefe de la División Civil del DOJ, declaró en un comunicado de prensa: “Oklahoma no puede ignorar la Constitución de los Estados Unidos y el precedente establecido por la Corte Suprema. Hemos presentado esta acción para garantizar que Oklahoma se adhiera a la Constitución y al marco adoptado por el Congreso para la regulación de la inmigración”.
Aspectos Legales y Consecuencias
La demanda del DOJ subraya la “autoridad exclusiva del gobierno federal según la ley federal para regular la entrada, el reingreso y la presencia de no ciudadanos”. La ley HB 4156 introduce el delito de “ocupación inadmisible”, penalizando la entrada intencional al estado sin autorización legal para estar en Estados Unidos. Las penas varían desde un delito menor, con hasta un año de cárcel y una multa de $500, hasta un delito grave, con hasta dos años de prisión y una multa de $1,000 para reincidentes.
Implicaciones de la Ley
Una disposición particularmente polémica de la HB 4156 es la exigencia de que los no ciudadanos condenados por violar la ley abandonen el estado, otorgando a Oklahoma una autoridad similar a la de deportar a no ciudadanos, una prerrogativa tradicionalmente reservada al gobierno federal. Este enfoque sigue el modelo de la SB4 de Texas, aprobada en 2023, que permite a las fuerzas del orden estatales arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados.
Reacción y Perspectivas Futuras
El Gobierno federal ha reafirmado su compromiso de mantener la integridad del marco constitucional y legal que regula la inmigración en Estados Unidos. La demanda contra Oklahoma refleja un esfuerzo continuo por parte del DOJ para impedir que los estados implementen leyes de inmigración que interfieran con la autoridad federal.
La resolución de esta disputa legal podría tener implicaciones significativas para otras leyes estatales similares y para el futuro de la regulación de la inmigración en el país. Mientras tanto, el DOJ continuará su labor para asegurar que las leyes de inmigración se apliquen de manera uniforme y justa en todo Estados Unidos.
