La tan esperada «ola verde» no llegó a Lubbock el sábado pasado, ya que los votantes rechazaron la Proposición A, que buscaba despenalizar pequeñas cantidades de marihuana en la ciudad. Con un contundente 65% de votos en contra, la propuesta fue derrotada.
La propuesta habría instruido a la policía de Lubbock a abstenerse de arrestar a adultos por posesión de marihuana si tuvieran cuatro onzas o menos.
Adam Hernández, vocero de Lubbock Compact, la organización detrás de la campaña de despenalización, expresó su decepción debido a la baja participación electoral que afectó la propuesta. «Trabajamos arduamente en esto, con muchos voluntarios, pero no logramos motivar la participación electoral», comentó Hernández. Ante la pregunta sobre futuros intentos, Hernández enfatizó la necesidad de centrarse en la educación y la participación electoral antes de abordar nuevamente el tema.
El impulso para reducir los arrestos por posesión de marihuana de bajo nivel comenzó con Lubbock Compact, un grupo de defensa local. Tras el rechazo unánime de la propuesta por parte del Concejo Municipal, el grupo lanzó una campaña para incluir el tema en la boleta electoral.
Lo que siguió fueron semanas de intensa lucha política, con oposición proveniente de megaiglesias, líderes estatales y fuerzas del orden, quienes argumentaron que la iniciativa ponía en peligro la seguridad pública.
Las cifras de votación anticipada reflejaron un mayor interés en las elecciones de este año, con un total de 26,103 votos anticipados, significativamente más que en las últimas elecciones municipales. En total, este año votaron 35,216 personas, de las más de 190,000 registradas en el condado de Lubbock.
Texas ha sido históricamente reacio a legalizar la marihuana recreativa o reducir las penas por posesión de bajo nivel. A pesar de permitir el uso medicinal desde 2015 a través del Programa de Uso Compasivo, al que se han inscrito alrededor de 69,000 texanos, los legisladores estatales han mantenido una postura firme respecto al uso recreativo.
Aunque ciudades como Austin, Killeen, Denton, Elgin y San Marcos han aprobado ordenanzas similares con el respaldo de los votantes, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha demandado a las cinco primeras. Sin embargo, los líderes de Harker Heights, otra ciudad que aprobó una política similar, se han negado a reformar sus directrices de aplicación.
