El fiscal general interino de los Estados Unidos, Monty Wilkinson, envió este martes una carta a todos los fiscales estadounidenses en la que comunicó la anulación oficial de la política de cero tolerancia adoptada bajo la Administración presidida por Donald Trump, que fue la causante de la separación de más de 3,000 familias migrantes.
Aunque es mayormente simbólica, la medida elimina oficialmente esta política de la guía de orientaciones del Departamento de Justicia a sus fiscales federales, y también les indica a estos que usen la discreción al procesar delitos menores en la frontera.
Aunque Trump puso fin a la práctica de separar a los niños migrantes cuando sus padres eran procesados, mediante una orden ejecutiva del 20 de junio de 2018, la política de tolerancia cero, que ordena a los fiscales enjuiciar a cualquiera que cruce la frontera ilegalmente (incluso por delitos menores) nunca fue revocada de manera oficial.
El memorando de Wilkinson se titula «Anulación de la Política de Tolerancia Cero para delitos bajo la disposición 8 USC 1235». Esta numeración se refiere a la sección del código penal para delitos menores por cruzar la frontera sin la documentación adecuada.
Aunque los inmigrantes aún pueden ser deportados si no tienen documentos o protecciones para permanecer en Estados Unidos, por lo general no son acusados en un tribunal federal y, por lo tanto, separados de sus hijos.
Antes de la política de tolerancia cero, era muy común que los delitos más graves relacionados con la frontera (incluidos los delitos violentos o el reingreso ilegal por la frontera) se imputaran en los tribunales federales.
En lugar de decirles a los fiscales que nunca procesen los delitos menores, la carta de Wilkinson les aconseja que usen la discreción y no un enfoque de tolerancia cero.
En su carta, Wilkinson dijo que los «principios del enjuiciamiento federal» del Departamento de Justicia les indican a los fiscales que deben «tomar en cuenta otros factores individualizados, incluidas las circunstancias personales y los antecedentes penales, la gravedad del delito y la probable sentencia u otras consecuencias que resultarían de una condena».
«Una política que requiere que un fiscal trate todos los casos remitidos para enjuiciamiento bajo 8 USC 1225 sin tener en cuenta las circunstancias individuales es inconsistente con nuestros principios», añade Wilkinson.
Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, quien ha estado involucrado en la batalla legal para encontrar y reunir a familias separadas como consecuencia de la política de tolerancia cero, dijo que la orientación a los fiscales es útil pero no descarta completamente la posibilidad de que un padre migrante sea acusado y separado de un niño solo porque el padre cometió un delito menor al cruzar la frontera de manera ilegal.
Gelernt dijo que el Congreso tendría que actuar para asegurarse de que las separaciones de familias de migrantes no se repitan.
«Si bien el memorando sobre la política de tolerancia cero es un buen comienzo, lo que realmente se necesita es que el Congreso derogue las disposiciones que autorizan las sanciones penales por entrada ilegal», explicó, «entre tanto esperamos que la Administración presidida por Joe Biden no procese a los padres por entrada ilegal cuando hacerlo significaría la separación familiar».
