OPINIÓN: El matar a un periodista no esconde la corrupción

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En la opinión de Uriel Posada, presidente de Paso del Norte Magazine. 

Muchos en México escriben sobre el grave problema de la violencia y el narco:  pocos lo hacían como Javier Valdez.

Valdez era llamado el gran cronista del narcotráfico en Sinaloa, uno de los periodistas más respetados en México a la hora de hablar del crimen organizado.  Su muerte es la sexta de un periodista en lo que va del año.

Después de que Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, fue asesinada al salir de su casa, Valdez escribió en su cuenta de Twitter: «A Miroslava la mataron por lengua larga. Que nos maten a todos, si esa es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio»

Este lunes al mediodía un grupo de hombres le disparó a pocas cuadras del semanario que fundó, Ríodoce, en su Culiacán natal. Tenía 50 años, estaba casado y era padre de una hija.

El matar a un periodista no esconde la corrupción.

El número de asesinatos de periodistas en México y el grado de impunidad para sus autores es uno de los más elevados del mundo. México vive un alto grado de inseguridad pública que amenaza a todos los mexicanos, pero a diferencia del resto, los informadores son seleccionados por su trabajo y son asesinados para que no lo puedan realizar más.

El homicidio de un periodista es un ataque la sociedad en su conjunto.  Es una agresión contra todos los que tienen el derecho a la información. Es una estocada contra la población que quiere saber qué están haciendo sus funcionarios electos por ellos. Es una victoria de las mafias del narcotráfico, de los políticos corruptos y de sus cómplices que callan.

El México que mata periodistas y no resuelve estos asesinatos está en compañía de países consumidos en guerra civiles como Somalia, Irak, Siria, Sudán del Sur y Afganistán.

Los tres periodistas asesinados en marzo estaban separados por la distancia, pero unidos en su celo por denunciar un cáncer que carcome a la sociedad mexicana.

Miroslava Breach reportaba en Chihuahua sobre el despojo a los indígenas de sus tierras que realizaba el narcotráfico para sembrar amapola y  producir heroína.

Monlui Carbrera escribía sobre los conflictos internos y los recursos poco claros de los aspirantes a las alcaldías veracruzanas del Partido Revolucionario Institucional. Sus últimos reportes fueron sobre las ventas de los ingenios azucareros del área.

Cecilio Pineda denunció un supuesto pacto entre altos funcionarios  del gobierno de Guerrero y de la Policía Preventiva Estatal con un grupo ligado a la Familia Michoacana.

El entretejido entre narcotráfico y un gobierno estatal o local es lo más común en estos homicidios. No es casualidad que Veracruz, Chihuahua y Guerrero están entre los cinco estados con más periodistas asesinados.

La Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República es la encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones de estos casos. Hoy se limita a contar víctimas.

Este es un claro ejemplo del pobre papel que juega el gobierno federal mexicano en la defensa  a los periodistas ante los gobiernos estatales. Los mexicanos necesitan las voces de los informadores para proteger su democracia.

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