De la redacción.- El Departamento de Seguridad Nacional reveló este martes las directrices para aplicar las recientes órdenes ejecutivas sobre inmigración firmadas por el presidente Donald Trump.
En dos memorandos se explica la forma en que se implementarán esas directivas. El primero regula la aplicación de la orden ejecutiva titulada «Seguridad Fronteriza y Mejoras a la Aplicación de la Leyes Migratorias», emitida por el Presidente el 25 de enero.
En el segundo memo publicado este martes el DHS ratifica las personas que son prioridades para deportación, lo cual incluye a personas que cometieron delitos, y aquellas que “han abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos”.
Este memo especifica que con esta directriz quedan sin efecto todas las regulaciones previas, lo cual incluye los memorandos del 20 de noviembre de 2014 titulados «Políticas para la aprehensión, Detención y Eliminación de Inmigrantes Indocumentados» y el polémico programa «Comunidades Seguras».
La única excepción se refieren a dos directrices que fueron emitidas durante el gobierno de Barack Obama. Estas son: memorándum titulado «Ejercer la discreción con respecto a los individuos que vinieron a los Estados Unidos como niños «, y el memorándum titulado «Ejercer la discreción con respecto individuos que vinieron a los Estados Unidos como niños y con respecto a ciertas personas que son padres de ciudadanos de los Estados Unidos o de residentes permanentes «.
El primer memo indica que se coordinó un plan conjunto con el Departamento de Justicia para impulsar el despliegue de jueces de inmigración y oficiales de asilo para entrevistar y resolver las reclamaciones de los recién llegados fronterizos; así como establecer centros de procesamiento y detención apropiados.
Además especifica condiciones por las que las autoridades podrían terminar con la detención de personas que entraron ilegalmente, revisando caso por caso, ya sea para ser deportadas o para otros fines como cuando el extranjero obtiene una orden que lo protege de ser removido del país o si incluso se determina que el individuo es un ciudadano estadounidense, residente, refugiado, asilado o tiene un estatus de protección temporal.
“Para garantizar la pronta expulsión de los extranjeros aprehendidos poco después de cruzar la frontera ilegalmente, el Departamento publicará en el Registro Federal un nuevo Aviso de Extranjeros sujetos a la remoción acelerada”, indica una de las directrices.
Asimismo establece una manera expedita de devolver a los extranjeros que provienen de un territorio contiguo a los Estados Unidos, por lo que las audiencias de inmigración se podrían realizar vía videoconferencia. El memo también indica que se estudiarán los casos de menores que llegaron solos.
El memo también explica que se contratarán 10,000 nuevos agentes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ,ICE, y 5,000 más de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP. Además especifican que se emplearán 500 agentes para operaciones en mar y tierra. Adicionalmente se pide que todos los organismos identifiquen y cuantifiquen todas las fuentes de ayuda o asistencia federal directa e indirecta al Gobierno de México.
El DHS indica que basado en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, ese departamento puede firmar un acuerdo escrito con un estado o subdivisión política del mismo, con el propósito de autorizar a funcionarios o empleados para desempeñar las funciones de un oficial de inmigración en relación con una investigación, aprehensión o detención de extranjeros en los Estados Unidos.
En otro punto se pide a los involucrados en la seguridad fronteriza que elaboren un estudio sobre el estado de ese ámbito para identificar vulnerabilidades y hacer recomendaciones. Igualmente estos organismos identificarán todas las fuentes de fondos disponibles para la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de un muro en la frontera con México.
