Familias de Uvalde anuncian acuerdo monetario con la ciudad y demandan a 92 oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas

Los familiares de 17 niños fallecidos y dos heridos en el tiroteo escolar más mortífero de Texas están demandando a los oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) que, junto con cientos de agentes del orden, esperaron 77 minutos para enfrentar al tirador en la Escuela Primaria Robb de Uvalde.

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Los familiares de 17 niños fallecidos y dos heridos en el tiroteo escolar más mortífero de Texas están demandando a los oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) que, junto con cientos de agentes del orden, esperaron 77 minutos para enfrentar al tirador en la Escuela Primaria Robb de Uvalde, según anunciaron los abogados el miércoles.

“Casi 100 oficiales del DPS aún no han enfrentado ninguna responsabilidad por acobardarse mientras mi hija y mi sobrino se desangraban en su aula”, dijo Veronica Luevanos, cuya hija Jailah y sobrino Jayce murieron, en un comunicado.

La acción legal contra 92 oficiales del DPS se presenta días antes del segundo aniversario del tiroteo en el que un joven de 18 años utilizó un AR-15 para matar a 19 estudiantes y dos maestros en dos aulas contiguas de cuarto grado.

Los familiares de la mayoría de los estudiantes fallecidos y dos heridos también anunciaron el miércoles que demandarán a Mandy Gutierrez, quien era la directora de Robb en ese momento, y a Pedro “Pete” Arredondo, quien era el jefe de policía del distrito escolar, por su «inacción» ese día. Además de la demanda, las familias anunciaron que la ciudad de Uvalde pagará $2 millones a las familias como parte de un acuerdo separado que también incluye estipulaciones para prevenir otra tragedia similar a la del 2022.

Cientos de agentes del orden de diversas agencias locales, estatales y federales han sido fuertemente criticados por esperar más de una hora para enfrentar al tirador, lo cual contradice el entrenamiento que indica confrontar a un tirador si se cree que alguien está herido. La investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre la masacre concluyó que la demora probablemente causó algunas muertes y que fallos en el liderazgo y entrenamiento contribuyeron a la respuesta ineficaz de las fuerzas del orden.

“Aunque no hay nada normal en vivir en una sociedad donde los niños pueden acceder fácilmente a un rifle militar, la realidad es que estos oficiales estaban tan aterrorizados que eligieron abandonar su deber con la comunidad de Uvalde: ponerse entre una persona muy peligrosa y un niño, y las familias deben hacerlos responsables”, dijo Josh Koskoff, abogado de las familias.

Koskoff también ha representado a las familias de los niños asesinados en el tiroteo escolar de Sandy Hook en Connecticut en 2012. En el acuerdo con la ciudad de Uvalde anunciado el miércoles, los funcionarios locales implementarán un nuevo estándar de «aptitud para el servicio» para los oficiales de policía de Uvalde, desarrollado en coordinación con el Departamento de Justicia, y proporcionarán entrenamiento mejorado para los oficiales de policía actuales y futuros.

Los funcionarios de la ciudad también establecerán el 24 de mayo como un día anual de recuerdo y trabajarán con las familias de las víctimas para diseñar un monumento permanente en la plaza de la ciudad, entre otras medidas.

“Durante dos largos años, hemos sufrido en el dolor y sin ninguna responsabilidad de las agencias de seguridad y oficiales que permitieron que nuestras familias fueran destruidas ese día. Este acuerdo refleja un primer esfuerzo de buena fe, particularmente por parte de la ciudad de Uvalde, para comenzar a reconstruir la confianza en los sistemas que no nos protegieron”, dijo Luevanos.

Una investigación de un comité de la Cámara de Representantes de Texas encontró “fallos sistémicos y decisiones terriblemente malas” por parte de casi todos los involucrados en la respuesta. El informe de 77 páginas del comité reveló que un total de 376 oficiales de la ley llegaron a la escuela de manera descoordinada, ignorando su propio entrenamiento para tiroteos activos.

La mayoría de los respondientes eran agentes federales y estatales —149 de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. y 91 policías estatales— cuyas responsabilidades incluyen responder a «ataques masivos en lugares públicos». Otros respondientes incluyeron 25 oficiales de policía de Uvalde, 16 ayudantes del sheriff y cinco oficiales de policía del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde, así como agentes del orden de los condados vecinos, alguaciles de EE.UU. y agentes federales de la Administración de Control de Drogas.

La multitud de errores de las fuerzas del orden se derivó de una falta de liderazgo y comunicaciones efectivas, según el informe.

Una gran cantidad de entrevistas investigativas grabadas y metraje de cámaras corporales obtenidas por ProPublica, The Texas Tribune y FRONTLINE mostraron que los oficiales no lograron establecer una estructura de mando clara y difundieron información incorrecta que los llevó a tratar al tirador como un sospechoso atrincherado y no como una amenaza activa, incluso cuando los niños y maestros dentro de las aulas llamaban al 911 pidiendo ayuda. Ningún oficial se enfrentó al tirador durante más de una hora a pesar del entrenamiento que dice que deben hacerlo lo más rápido posible si alguien está herido. Tras las intensas críticas a su respuesta, varios oficiales del orden renunciaron o fueron despedidos en los meses posteriores al tiroteo. Arredondo, el jefe de policía del distrito escolar en ese momento, fue despedido en agosto de 2022.

Aproximadamente el 72% de los funcionarios estatales y locales que llegaron a la Escuela Primaria Robb antes de que el tirador fuera abatido recibieron algún tipo de entrenamiento para tiroteos activos a lo largo de sus carreras en las fuerzas del orden. Pero de aquellos que recibieron entrenamiento, la mayoría lo había tomado solo una vez. Después del tiroteo, Texas ordenó que los oficiales reciban 16 horas de entrenamiento para tiroteos activos cada dos años.

El DPS está luchando por la divulgación de los registros de su investigación sobre el tiroteo. Un gran jurado del condado de Uvalde está considerando actualmente posibles cargos criminales contra los oficiales que respondieron.

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