El secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, emitió un nuevo memorándum que explica los nuevos reglamentos para la renovación de permisos de DACA.
Así, las autoridades estudiarán la renovación de permisos «caso por caso de acuerdo con los estatutos migratorios» y con apego a la «discreción procesal» que les permite la ley, señaló.
Según el documento, el DHS también rechazará nuevas solicitudes de permiso para realizar viajes de emergencia, conocido en inglés como «advanced parole», salvo que haya «circunstancias excepcionales».
«Mientras el Departamento continúa revisando esta política y sopesa futuras acciones, el hecho es que el Congreso debe actuar sobre este asunto», dijo Wolf en un comunicado que acompaña el memorándum.
«Existen razones políticas importantes que pueden justificar la completa rescición (anulación) de la política de DACA», afirmó.
El DHS argumentó además que mantener en pie un programa como DACA «podría alentar a individuos a emprender un viaje peligroso a este país, poniendo en peligro innecesariamente a niños».
Es, por lo demás, el mismo argumento que han mantenido republicanos y grupos conservadores que exigen mayores restricciones a la inmigración, y omite que DACA, en todo caso, tuvo fechas límites y requisitos muy estrictos para recibir sus beneficios.
Es decir, no todos los jóvenes que han llegado ilegalmente a Estados Unidos califican para el DACA: deben haber entrado antes de cumplir los 16 años y demostrar presencia física en el país desde junio de 2007; no tener antecedentes penales; cursar estudios de secundaria, o haber prestado servicio militar, entre otros requisitos.
Durante la llamada, el funcionario insistió en que no se trata de un nuevo programa sino de un memorándum con los nuevos reglamentos, pero tampoco pudo explicar por qué se reduce a un año los permisos de DACA.
El documento sustituye los dos anteriores que había emitido el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) en 2017 y 2018 para justificar la cancelación de DACA, dijo.
Un tribunal federal en Maryland había ordenado a la administración Trump a que restablecería DACA a su estado original antes del anuncio de su cancelación el 5 de septiembre de 2017. Bajo esa orden, el gobierno federal debía empezar a aceptar nuevas solicitudes, según la interpretación de la mayoría de expertos legales.
La explicación de que la administración Trump evaluará la legalidad del programa ha creado confusión porque, de hecho, ya había dejado en claro que DACA era «ilegal».
Antes del anuncio, la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por su sigla en inglés), había comenzado a tramitar la renovación de permisos de dos años bajo DACA, pero sin aceptar nuevos casos.
El funcionario no explicó qué pasará con los permisos de dos años que ya habían sido aprobados.
