El Gobierno de Ecuador decretó un nuevo estado de excepción en siete provincias y un cantón debido a un aumento significativo de la violencia perpetrada por el crimen organizado, según una resolución publicada este miércoles.
El nuevo decreto de excepción afecta a las provincias de Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Sucumbíos, Orellana y el cantón Ponce Enríquez. Estas áreas han reportado la mayor cantidad de casos de violencia y homicidios en las últimas semanas.
El Gobierno informó que ha habido un recrudecimiento del conflicto armado interno, declarado el 9 de enero en todo el territorio ecuatoriano, después de que un grupo de encapuchados irrumpiera en una transmisión en vivo del canal TC Televisión en Guayaquil.
«La continuación del conflicto armado no internacional configura una situación fáctica, cuyo reconocimiento o conclusión supone una competencia exclusiva y excluyente de la Presidencia», indica el decreto presidencial.
En un video publicado en sus redes sociales, el presidente Daniel Noboa explicó que este decreto marca el inicio de la segunda fase en la lucha contra las bandas criminales.
«No vamos a perder lo que hemos ganado. Por eso hoy presentamos un estado de excepción focalizado en las provincias que más necesitan que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tengan libertad de acción. Para ganar en esta segunda etapa de la guerra necesitamos que se permita actuar a los militares, y que los delincuentes y terroristas que se amparan y se burlan de las fuerzas del orden y la justicia sepan que lo van a perder», dijo Noboa.
Con esta medida, Noboa dispone que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no requerirán autorización previa para ingresar a domicilios e interceptar correspondencia en las provincias y el cantón bajo estado de excepción. El decreto sostiene que, debido a la transformación de la dinámica delincuencial de las «empresas criminales», se requiere un régimen jurídico extraordinario para proteger los derechos ciudadanos y la estructura del Estado.
Las medidas entrarán en vigor de inmediato y la Corte Constitucional se encargará de realizar el análisis y control constitucional del decreto.
Hace pocos días, la Corte Constitucional anuló un decreto anterior de Noboa que disponía el estado de excepción en cinco provincias. La Corte consideró que el mandatario no justificó adecuadamente dicho decreto y reiteró que su facultad de decretar excepciones requiere responsabilidad y una motivación adecuada.
